De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el acceso a una vivienda adecuada ha sido reconocido como una necesidad fundamental a la que tienen derecho todas las personas. De este modo, este derecho fundamental que es pilar de los derechos sociales y económicos ha sido malinterpretado y despojado de su espíritu original con el que fue concebido: un incentivo para que las personas se esforzaran para acceder gradualmente a un mejor entorno y que el Estado se preocupara por impulsar políticas públicas que procurasen una mejoría en estos aspectos sociales, garantizando no imponer barreras que menoscabaran o limitaran las condiciones adecuadas de vivienda, alimentación, salud, asistencia médica y servicios sociales.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 25. 1. Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
[…] (Ver fuentes para consulta)
El
problema surge cuando políticos e incluso abogados malinterpretan el derecho
fundamental a la vivienda adecuada o digna, siendo que valiéndose del
populismo, pregonan que este derecho humano incorporado en muchos sistemas
legales mediante tratados internacionales en materia de derechos humanos o
reconocimiento a nivel constitucional de éstos, es el fundamento para reclamar
vivienda gratuita o a muy bajo costo subsidiado por el Estado como reclamo
social para los más necesitados, lo que da como resultado que los políticos
busquen obtener rédito político para comicios electorales.
Por
mucho que se desee un estado de bienestar que cubra en su manto a todos los
habitantes, conceder u otorgar derechos patrimoniales de forma gratuita es
prácticamente imposible y de pensamiento muy inocente o muy perverso, según el
enfoque y la intención de quien se vale de la necesidad para hacerse de un
hueco en los puestos de gobierno. Sirve como ejemplo de todo lo anteriormente
dicho, una tesis aislada del sistema legal de México, criterio emitido por un Tribunal Colegiado en materia civil con relación a un tema constitucional, cuyo
rubro y contenido resultan útiles y hasta didácticos, por lo que se reproduce a
continuación:
Artículo 4. […]
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo.
[…] (Ver fuentes para consulta)
En
el sistema jurídico mexicano, existe una medida más de corte social que busca
proteger a la vivienda y la cual se extrae del derecho civil y esa es el
denominado “patrimonio de familia”,
el cual posee las características de ser inalienable, imprescriptible e
inembargable, y que tiene por objetivo proteger lo más esencial para la
subsistencia de un núcleo familiar, incluido el hogar, pero con sus correspondiente
reglamentación para no caer en el abuso. De hecho, el Código Civil para la
Ciudad de México (distinto al Código Civil Federal) acredita el carácter social
de esta institución y el alcance que tiene:
Artículo 727.- Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables, imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno.
(Ver fuentes para consulta)Una
alternativa que se han planteado a estas promesas es la vivienda social, la
cual no debe ser confundida con la el derecho social a la vivienda digna. La
vivienda social es un instrumento del Estado para favorecer la política de
inclusión social de los más necesitados o grupos vulnerables, a la vez que
recupera espacios vacantes o abandonados y les devuelve su propósito. A través
de este proyecto, el Estado acondiciona o adquiere inmuebles, los cuales alquila a
personas de bajos recursos a un precio muy por debajo del precio de mercado,
por lo que este costo se considera subsidiado, lo que da una idea grandes
rasgos del concepto de vivienda social. También el Estado puede impulsar la
construcción de viviendas a través de incentivos a la persona que construye
mediante créditos o deducción de impuestos.
Análisis del derecho fundamental a la
vivienda y su interpretación en España.
Existe en España una legislación asociada a la vivienda social, siendo que en el Real Decreto 2278/1976, de 16 de septiembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/1976, de 30 de julio (Ver fuentes para consulta), sobre inversión en vivienda, donde se fijan los requisitos de lo que se entiende por vivienda social, así como los beneficios que gozan quienes se acojan este instrumento del Estado. En suma, la vivienda social es una política implementada por el gobierno que tenía como objetivo agilizar el mercado inmobiliario frente a situaciones económicas desfavorables, procurando apoyar a los sectores sociales marginados, ya sea por el desempleo o de las prácticas agresivas de los propietarios. Pero el génesis de esta política pública tiene lugar con la Ley de Casas Baratas de 1911, por lo que se puede afirmar que este problema ya se estaba atajando desde principios del siglo XX.
Al
respecto, las Comunidades Autónomas han estudiado diversos mecanismos para
continuar apoyando a los habitantes mediante este instrumento social. Sin
embargo, ya sea por un desconocimiento de la interpretación normativa o por
demagogia, existen políticos que afirman que la vivienda social es un derecho
reconocido por la Constitución de España y que "reivindicar este derecho no solo
obedece al orden jurídico nacional, sino que es parte del cumplimiento de los
tratados internacionales en esta materia".
Bajo este supuesto, han hecho propuestas como no desalojar a personas que habitan ilegalmente una vivienda a menos que se garantice un lugar de destino con condiciones de vivienda digna a los desahuciados, lo que ha fomentado el fenómeno social conocido en España como “los Okupas”; obligar a grandes tenedores de vivienda a ceder parte de sus propiedades, el cual será destinado a la vivienda social, lo que representa una expropiación, pero sin la indemnización correspondiente; un impuesto a la vivienda vacía, siempre que se llegue a un acuerdo de qué es una vivienda vacía y bajo qué condiciones se afectaría lo menos posible a los propietarios en su patrimonio.
De
hecho, la primer propuesta de no desalojar personas de una vivienda, se ha
intentado bajo diversos supuestos normativos constitucionales. Resulta
interesante la interpretación jurídica hecha por un partido político de
orientación de izquierda o socialista que invocó varios artículos constitucionales en un alegato de defensa de una
controversia de inconstitucionalidad que pretendían promover, entre los que
destacan el artículo 18.2 de la propia constitución, la cual establece la
inviolabilidad del domicilio; el artículo 1.1 sobre la organización, postura y
estructura del Estado; el artículo 33, acerca del derecho a la propiedad; el
artículo 24.1, relacionado con la tutela judicial; y que terminó por invocar la interpretación
sobre los artículos 9.1, 10. 2 y 53.2 de
la Constitución, argumentos que se reproduce a continuación:
Sostienen los diputados recurrentes que las modificaciones que el artículo único de la Ley 5/2018 introduce en la Ley de enjuiciamiento civil (en adelante LEC), vulneran el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE). Hacen posible ejecutar un lanzamiento forzoso sin alternativa habitacional y sin permitir a los órganos judiciales valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso. Se afirma en este sentido que no satisface estas exigencias constitucionales la regulación contenida en el nuevo apartado 4 del art. 150 LEC, añadido por el apartado uno del artículo único de la Ley 5/2018. Conforme a este precepto, si la notificación de la resolución judicial contiene la fecha para el lanzamiento de quienes ocupan la vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados. Según los recurrentes, con esta previsión lo único que se cumple es el derecho fundamental a la protección de datos personales. Sostienen los recurrentes que la resolución judicial que decreta el lanzamiento de vivienda habitual implica la consecuente limitación del derecho fundamental garantizado por el art. 18.2 CE, por lo que esa resolución debe ser fruto de un juicio valorativo previo de las circunstancias concretas de cada caso. La decisión última de irrupción en el domicilio del demandado debe estar justificada, motivada y exenta de cualquier arbitrariedad, pues de otro modo se vulneraría aquel derecho y también el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Ahora bien, la Ley 5/2018 no se acomoda a la conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre injerencias en el domicilio, como espacio en el que se desarrolla la vida privada de las personas. La regulación impugnada no contempla un cauce procesal adecuado para que el órgano judicial que ha de resolver sobre el lanzamiento de la vivienda pueda llevar a cabo el necesario juicio de proporcionalidad, valorando los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos que puedan resultar afectados y, en particular, si el desalojo afecta a colectivos en situación de vulnerabilidad (menores, discapacitados, ancianos, víctimas de violencia de género, etc.) sin alternativa habitacional. Se afirma asimismo que la reforma introducida por el artículo único de la Ley 5/2018 no cumple las garantías mínimas en materia de desalojos forzosos previstas en instrumentos emanados de organismos dependientes de la Organización de Naciones Unidas. Se refieren los recurrentes en particular a un informe presentado el 7 de febrero de 2008 ante la Asamblea General por el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, en relación con los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, así como a la observación general núm. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, sobre desalojos forzosos.
(Ver fuentes para consulta)
Artículo 1.
1. España se constituye en un Estado social y democrático
de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. […]
3. […]
Artículo 9.
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. […]
3. […]
1. […]
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España.
Artículo 18.
1. […]
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada
o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución
judicial, salvo en caso de flagrante delito.
[…]
Artículo 24.
1. Todas las personas tienen derecho a obtener
tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. […]
Artículo 33.
1. Se reconoce el derecho a la propiedad
privada y a la herencia.
2. […]
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y
derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por
las leyes.
Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que
genere la acción urbanística de los entes públicos.
Articulo 53.
1. […]
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y
derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo
ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de
conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la
protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero informarán la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo
con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Pero
todo este andamiaje de derechos que se pretende construir esta cimentado en una
malinterpretación constitucional consistente en el desconocimiento de la
estructura de la ley fundamental de España y el alcance de los diferentes tipos
de derechos y una inexactitud conceptual, tal como lo esgrime el Tribunal Constitucional
en la sentencia 32/2019, de 28 de febrero de 2019. De acuerdo con el fallo de
la sentencia, el “derecho a la vivienda digna”, si bien es considerado un derecho reconocido por Naciones Unidas a
través de diversos instrumentos jurídicos, como ya se dijo previamente, este
precepto legal es recogido por España en el artículo 47 de la constitución,
dentro del capítulo de los principios
rectores de la política social y económica, el cual posee una naturaleza
distinta a la de los derechos fundamentales, aclarando que, cuando este
artículo de la Carta de las Naciones Unidas se formuló, éste no iba dirigido a
los sujetos de derechos para exigir su cumplimiento, sino a los Estados que
debían procurar las condiciones idóneas para proteger este derecho, lo cual es
sustancialmente diferente.
“…
Por tanto, en la medida en que el art. 47 CE no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica, una directriz constitucional dirigida a los poderes públicos, la regulación controvertida no puede en ningún caso contravenir el mandato del art. 10.2 CE de interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce (esto es, los contenidos en los arts. 14 a 29, más la objeción de conciencia del art. 30.2) de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Por otra parte, cuando el art. 25.1 de la Declaración universal de derechos humanos y el art. 11.1 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, citados en el recurso, reconocen el derecho de las personas a un nivel de vida suficiente que les asegure, entre otros beneficios, una vivienda adecuada, es claro que tales preceptos no reconocen un derecho subjetivo exigible, sino que configuran un mandato para los Estados parte de adoptar medidas apropiadas para promover políticas públicas encaminadas a facilitar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna.
…” (Ver fuentes para consulta)
Incluso el razonamiento particular de una magistrada sirve
para abundar lo dicho en el mismo fallo, al señalar que los principios rectores
de la política social y económica poseen una naturaleza diversa a los derechos
fundamentales, libertades y derechos ordinarios, por lo que, en consecuencia,
tienen mecanismos de protección diferentes, los cuales están precisamente
contemplados en la misma constitución, y que se desprenden de las propias leyes,
las cuales consideran estos principios al momento de ser formuladas, tal como
se desprende de su argumento:
Efectivamente el derecho a la vivienda, que
reconoce el art. 47 CE, no se califica como derecho fundamental, en la medida
en que se ubica entre los principios rectores de la política social y económica
(capítulo III del título I de la Constitución). Esto le sustrae,
principalmente, de los mecanismos de garantía jurisdiccional directa que prevé
el art. 53.2 CE, y de la garantía normativa de la reserva de ley que contempla
el apartado 1 del mismo precepto. Pero la naturaleza de principio rector no
resta un ápice de carácter normativo al art. 47, como se deduce del art. 9.1
del propio texto constitucional. No estamos ante un deseo de buena voluntad
constitucional, ni ante un mero ejercicio de retórica, sino ante una
disposición normativa que no queda excluida como parámetro de
constitucionalidad de las normas con rango de ley, y que permite comprender
adecuadamente la calificación del Estado español como Estado social, orientado
a la consecución del pleno disfrute de los derechos, también de los derechos
sociales. No olvidemos que el preámbulo de la Constitución habla de la voluntad
de la Nación española de promover el progreso de la economía para asegurar a
todos una digna calidad de vida.
(Ver fuentes para consulta)
Comprendido
este contexto, ahora vale la pena revisar una controversia que se ha suscitado
en el marco del derecho Español, relacionado con las medidas tomadas por el
gobierno de Baleares para garantizar el acceso a vivienda social en España.
El caso de baleares.
El 5 de marzo los periódicos reportaban una noticia que dividía opiniones: el gobierno de las Islas Baleares, a cargo del Partido Socialista, resolvía expropiar temporalmente 56 viviendas de grandes tenedores, con el propósito de incorporarlas al parque de vivienda social. Aunque la noticia causaba revuelo entre muchos expertos por el delicado tema que se desarrollaba al respecto, el problema no se origina en la resolución del 4 de marzo, sino en una ley que se remonta al 19 de julio de 2018, en la que claramente se establece lo que se entiende por vivienda vacía y la intenciones que el gobierno tenía para con estas propiedades:
Artículo 36. La vivienda desocupada.
1. Se entiende por vivienda
desocupada la que permanece deshabitada de manera continuada durante un tiempo
superior a dos años, sin ninguna causa que justifique su desocupación, según
establece esta ley y la normativa de desarrollo.
2. Se considera que hay una causa
justificada para la desocupación continuada en los siguientes casos:
a) Que la vivienda esté pendiente
de la resolución de algún litigio que afecte a los derechos derivados de la
propiedad.
b) Que la vivienda esté ocupada
ilegalmente.
c) Que la vivienda esté gravada
con algún derecho real o carga que impida ocuparla.
d) Que sea una vivienda de segunda
residencia, siempre que no se encuentre en un área declarada de emergencia
habitacional o que no pertenezca a un gran tenedor de viviendas.
e) En los supuestos de traslado de
domicilio por motivos laborales, de estudios, de salud, de dependencia o de
emergencia social, acreditados debidamente.
f) Que haya otras causas, diferentes de las anteriores, debidamente acreditadas que impidan de forma justificada la ocupación de la vivienda.
(Ver fuentes para consulta)
Artículo 37. Medidas para
evitar la desocupación.
1. La consejería competente en
materia de vivienda, en coordinación con los consejos insulares y las
administraciones locales, impulsará políticas de fomento para potenciar la
incorporación en el mercado, preferentemente en régimen de alquiler, de las
viviendas desocupadas. Con esta finalidad, velará para evitar situaciones de desocupación
de viviendas y aprobará los correspondientes programas de inspección.
2. A estos efectos, se podrán
adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
a) El fomento de la rehabilitación
de las viviendas que estén en mal estado para poder ser alquiladas.
b) Los programas de cesión de las
viviendas desocupadas a la administración pública a fin de que las gestione en
régimen de alquiler mediante un acuerdo con respecto a las condiciones de la
cesión y el pago de la renta.
c) Medidas de carácter fiscal.
3. Se podrán adoptar las medidas establecidas en la legislación vigente con el fin de evitar un uso inadecuado de las viviendas.
(Ver fuentes para consulta)
Con
esta ley aprobada, en 2021 el Consejero de Movilidad y Vivienda de Baleares
resolvía que:
“RESOLUCIÓN
1. Constatar la necesidad de cesión temporal de uso al IBAVI de
las viviendas inscritas en el Registro de viviendas desocupadas que figuran en
el anexo, situadas en los términos municipales de Palma, Manacor, Inca, Calvià,
Llucmajor, Maó, Ciutadella, Eivissa, Santa Eulària des Riu y Sant Antoni de
Portmany, por el plazo de siete años, mínimo establecido para un alquiler de
vivienda habitual en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, cuando el arrendador
es persona jurídica.
[…]” (Ver fuentes para consulta)
Es
decir, desde noviembre de 2020 se había ya iniciado el procedimiento previsto
para la inscripción de determinadas viviendas que cumplían con los requisitos
para ser inscritas en el registro de viviendas desocupadas sin justificación y
que serían sujetas a una medida similar a expropiación temporal durante 7 años.
En resumen, el gobierno de Baleares lo que se propone hacer es extraer viviendas con alquileres de precio de mercado y ajustarlas a un precio más asequible -subsidio- que cumpla con una función social como la de dar acceso a la vivienda a sectores sociales desfavorecidos o a quienes tienen menos oportunidades de pagar un alquiler regular, retrotrayendo el multicitado “derecho a una vivienda digna” que es citado en múltiples ocasiones en la ley 5/2018 de Baleares y de este modo, abatir el problema de falta de vivienda.
La
noticia que se publicó en diversos medios el 5 de marzo corresponde al
resultado de la llamada a la acción del gobierno de Baleares que ejecutaba lo
prescrito según su legislación y política de vivienda, escandalizando a los
propietarios de inmuebles en esta Comunidad Autónoma y poniendo en alerta con
las intenciones de partidos políticos con propuestas similares.
Como
ya se mencionó anteriormente, la vivienda social es una herramienta del
gobierno de larga trayectoria, la cual actualmente cuenta con 290,000 viviendas
de este tipo, pero que, en datos del gobierno, se halla muy lejos de la
cantidad necesaria para cubrir la demanda actual de este instrumento por el
imparable aumento de la necesidad de vivienda con estas condiciones y el
aumento de los precios de vivienda media en todo el país y, en comparación con otros países europeos, también se está muy por debajo de la media.
Las
consecuencias que se pueden avecinar por esta polémica medida pueden ser tanto
a corto como a mediano plazo y ambas pueden involucrar largos y costosos
procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales, así como onerosas
compensaciones y costas judiciales.
Artículo 1.
1. Toda la intervención administrativa que implique privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos, a que se refiere el artículo primero de la Ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos, y específicamente, a los de exigencia de habilitación legal, de sometimiento a procedimiento formal y de garantía jurisdiccional frente a la misma. (Ver fuentes para consulta)
Artículo 1.
1. Toda la intervención administrativa que implique privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos, a que se refiere el artículo primero de la Ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos, y específicamente, a los de exigencia de habilitación legal, de sometimiento a procedimiento formal y de garantía jurisdiccional frente a la misma. (Ver fuentes para consulta)
En conclusión, el derecho a la vivienda no es propiamente un derecho a título gratuito susceptible de ser exigible por los ciudadanos solo por el origen concebido en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como se ha hecho creer abusando de la demagogia política. De hecho, este derecho nació como un compromiso para los Estados quienes, asumiendo los alcances y objetivos de este derecho, se obligaban a procurar una mejora constante en las condiciones internas de su Estado para que de este modo se cumpliera y garantizara efectivamente el acceso a este derecho. De hecho, como se pudo observar en todo el análisis jurídico realizado por los operadores jurídicos expertos, este derecho es muy complejo y encierra una íntima relación con otros derechos fundamentales que pueden ser como vulnerados como beneficiados.
Del
mismo modo, la interpretación normativa de los derechos humanos no se puede
hacer a la ligera con el objetivo de obtener rédito político o perseguir
intereses personales. Muchos sectores vulnerables apuestan y dejan el progreso
y el acceso a mejores condiciones de vida en manos de políticos e intérpretes
jurídicos capaces que tienen una comprensión completa de la legislación
nacional e internacional, pero muchas veces, estos intérpretes prefieren la
demagogia y las verdades a medias, ya que en política prometer no cuesta nada y
la memoria del ciudadano es corta, o al menos eso es lo que creen. Solo
teniendo un acercamiento con los derechos fundamentales con los que cuenta cada
ciudadano, se puede tener una mejor sociedad que exija resultados tangibles a
sus políticos y así se eviten las mentiras electorales con fines personales y
una incorrecta interpretación del socialismo y los derechos sociales.
Fuentes legales:
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, Organización de las Naciones Unidas.
Tesis Aislada sobre el derecho a la vivienda, Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, Cámara de Diputados de México.
Código Civil para la Ciudad de México, Artículo 725 y 727, Congreso de la Ciudad de México.
Real Decreto 2278/1976, sobre inversión en vivienda. Boletín Oficial del Estado.
Constitución española, artículos diversos, Boletín Oficial del Estado.
Sentencia 32/2019, en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Derechos a la inviolabilidad del domicilio, tutela judicial efectiva, de defensa, a un proceso con todas las garantías y a la vivienda, Sección del Tribunal Constitucional, Boletín Oficial del Estado.
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears., artículos 36 y 37, Boletín Oficial del Estado.
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de inicio del expediente de cesión temporal de uso de viviendas desocupadas inscritas en el Registro de viviendas desocupadas, Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa., Artículo 1, Boletín Oficial del Estado.
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